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Una jueza paralizó la causa que investiga las torturas a soldados en Malvinas

La investigación sobre un centenar de ex militares acusados de torturar a soldados durante la guerra de Malvinas quedó paralizada ayer a partir de lo resuelto por la jueza federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Mariel Borruto. Oeste Platense dialogó al respecto con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM).

La decisión de la jueza, que generó conmoción, es consecuencia directa del fallo dictado el pasado 4 de mayo por la mayoría de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal donde, ante el planteo de uno de los acusados, se convalidó el criterio de que los supuestos ilícitos están prescriptos. El fallo de Casación fue recurrido por la fiscalía y los querellantes ante la Corte Suprema de Justicia, con lo que la jueza fueguina optó ahora por aguardar el trámite que tendrán esas actuaciones antes de continuar con la causa.

De este modo, la causa quedará paralizada hasta determinar si los estaqueamientos y enterramientos a soldados durante el conflicto bélico constituyen o no delitos de lesa humanidad. "La jueza Borruto, lamentablemente ya tenemos experiencia, es muy rápida para dilatar y postergar las indagatorias y después muy lerda para retomar el proceso de investigación", señaló al respecto Alonso.

En la misma línea, valoró: "Es la justicia que tenemos lamentablemente, son sectores que trabajan fuertemente contra la impunidad. En esta causa no solamente nos enfrentamos a esta casta de jueces sino también a sectores negacionistas, que presionan muchísimo. Acá parece ser que hay mucho interés en que no se sepa la verdad de lo que pasó".

Cabe recordar que, en la causa que investiga los delitos cometidos por ex militares, el CECIM es querellante. "La causa se inició en el 2007, ya llevamos 14 años. Hay hechos ocurridos hace 40 años, no queremos que quede impune. Acá hay una responsabilidad por parte del Estado también, hemos iniciado una instancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que todos estos nuevos antecedentes sean enviados y se consolide el proceso contencioso contra la República Argentina", detalló Alonso.

 

"PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS"

"Hay jueces que no tienen en su biblioteca los compromisos internacionales que asumió el país respecto a la protección y promoción de los derechos humanos, y la persecución penal sobre aquellos actos efectuados por funcionarios estatales que cometieron torturas", criticó el secretario del CECIM.

De no haberse paralizado la etapa de instrucción, entre el 8 y el 11 de junio debían declarar Aníbal Santiago Cadelago, Emilio Samyn Duco, Francisco Vicek y Jorge Raúl Masiriz, mientras que el 12 iba a ser indagado desde su domicilio, por problemas de salud, Jorge Guillermo Díaz.

En tanto, desde el 16 de junio al 7 de julio debían declarar Luis Alfredo Manzur, Ramón Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín y Ramón Desiderio Leiva.

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